Sigue en comisiones la ley de regulación de casas de empeño

Por Héctor Sosa

La iniciativa de regulación y control para las casas de empeño no se ha abandonado, por el contrario, se sigue perfeccionando en la Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo Social, afirmó el diputado priísta Gustavo García Bradley. Aseguró que la iniciativa ya ha recibido el consenso y respaldo de la sociedad.

Se calcula que en Quintana Roo existen en operación al menos 300 casas de empeño, las cuales el 50 por ciento se ubica en la zona norte de la entidad. García Bradley indicó que es indispensable contar con una ley que proteja a la comunidad con el fin de que se digan cobrando elevados intereses a los pignorantes.

Así mismo afirmó que con una ley de este tipo también se ayudaría a disminuir los robos a casas habitación, toda vez que hasta el momento se presume que una buena parte de los artículos robados van a parar a las casas de empeño que los aceptan sin mayores requisitos, sin factura ni nada que compruebe que el artículo es propiedad de quien acude a empeñarlo.

El legislador señaló que al contar con esta ley habría un mayor control sobre todo por que se obligaría a la casa de empeño a exigir la propiedad del objeto que se pretenda empeñar.

El legislador indicó que con la crisis los ciudadanos hacen mayor uso del préstamo prendario y a veces es el único medio para obtener un crédito, pero muchas casas de empeño cometen abusos y lo que debe ser una acción de asistencia social es una actividad que no se ha podido regular y se expande sin ningún control.

En todo el país hay poco más de 3 mil negocios de empeño y de ellos el 10 por ciento se encuentra en Quintana Roo. Los dueños de estos establecimientos cobran intereses hasta del 360 por ciento anual, mientras que la tasa de interés interbancaria es de 9 por ciento, lo que daña la economía de las familias.

El problema es que las casas de empeño están reguladas como establecimientos con actividad comercial y no dentro de las leyes que rigen a las instituciones financieras y de asistencia social como el Nacional Monte de Piedad, organismo sobre el cual sí hay topes máximos de interés para el mercado prendario. El problema es, también, que hay un vicio patológico por el juego de apuestas que empobrece a muchos de lo que acuden a los casinos de la zona libre, y hay una criminalidad desatada cuyo negocio es el robo.

Hay que legislar para abatir la pobreza: Gustavo García Bradley


Ariel Cuevas

El diputado Gustavo García Bradley informó que es indispensable readecuar el concepto de pobreza para ampliarlo y establecer la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza patrimonial, que constituyen los niveles de pobreza que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la medición de las condiciones en las que viven muchas personas en la entidad. Lo anterior redundaría en una mejor capacidad para la toma de decisiones en la materia.

En diversas reuniones el legislador priísta ha entablado pláticas con personas y funcionarios de organismos de desarrollo social. Entre ellas con Manuel Chejín Pulido, director de la CEMER, además de la reunión extraordinaria del Subcomité Sectorial de Desarrollo social del COPLADE.

En la primera, el motivo fue sobre el trabajo coordinado de un proyecto de actualización a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, a fin de adecuarla a los requerimientos actuales.

Por su parte, en la reunión del Subcomité Sectorial de Desarrollo social del COPLADE se trataron diversos asuntos, en donde el principal tema fue el de reformas a la Ley de Desarrollo Social, en donde García Bradley ha venido trabajando un proyecto para la adecuación de la Ley.

Se deben adecuar diversos artículos de la Ley estatal a lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social. Entre ellos destaca la adición de los principios rectores del desarrollo social a la Justicia Distributiva, Justicia Conmutativa y el bien común.

Por su parte, dentro de la política de desarrollo social se adiciona la vertiente de infraestructura social, tal y como la Ley General de Desarrollo Social establece, toda vez que a través de estas se permite el abatimiento de la carencia de los principales servicios públicos.

Establecer en la ley un apartado referente a las Zonas de Atención Inmediata, ya que si bien el marco normativo estatal vigente se manejan zonas de atención prioritarias – que son los pueblos y comunidades indígenas, así como las regiones, municipios, localidades y áreas cuya población registra condiciones de vida por debajo de los niveles mínimos de bienestar, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales – se requiere identificar a aquellas zonas en donde la población requiera de la ejecución inmediata de alguno o algunos de los programas de desarrollo social por su situación de marginalidad, y que se denominarán zonas de atención inmediata. Igualmente se precisa una mejor definición de las zonas de atención inmediata para una mejor aplicación de los programas sociales.

Nota publicada en diferentes medios de comunicacion social en el mes de Mayo 2009
Foro de Consulta para la Regulación de las Casas de Empeño en Quintana Roo
La propuesta de Ley para la Regulación de las Casas de Empeño en Quintana Roo, obedece a los requerimientos que hoy en día existen en este estado, en el cual se encuentra operando el 10 por ciento de la totalidad de este tipo de negocios en todo el país. Los nuevos tiempos exigen compromiso por parte de los legisladores, para garantizar el bien común y la justicia social. Ojala y los diputados que integran la XII Legislatura del Estado no se sientan intimidados por el ataque del que ha sido objeto esta iniciativa de ley por parte de quienes tienen en su poder más de 50 casas de empeño, y dos medios de comunicación, a través de los cuales, con todo cinismo, se han atrevido a tergiversar todo lo relacionado con el resultado de los foros de consulta.

Por José Ynes Peraza Azueta

Bastante nutridos y llenos de participación ciudadana, resultaron los foros de consulta para la regulación de las casas de empeño en el estado de Quintana Roo. Éstos fueron realizados por la Comisión de Industria, Comercio y Seguridad Social de la XII Legislatura del Congreso del Estado en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco los días 13, 14 y 15 del mes de abril de 2009.
Los foros de consulta ciudadana fueron confeccionados con la finalidad de conocer la opinión ciudadana respecto a este giro comercial, de carácter especulativo y lucrativo. Y por otra parte, conocer de viva voz, lo que en su defensa o a favor tenían que decir los dueños de las denominadas casas de empeño.
La participación fue por demás entusiasta, aleccionadora y ejemplar. Fue muy enriquecedora en materia de comentarios, propuestas y reflexiones tanto en calidad como en cantidad.
En términos generales, el resultado de los foros realizados hasta el momento en los lugares ya mencionados, muestra que existe un consenso generalizado en favor de la aprobación de la Ley para la Regulación de las Casas de empeño.
Muy positivo, y de suma importancia puede catalogarse el echo de que tanto usuarios como prestadores de este tipo de servicios coincidieran en lo necesario que es contar con una ley regulatoria en el estado para proteger a ambas partes, por un lado a los usuarios o pignorantes, y por otra parte al empresario.
Al empresario para garantizar que su capital esté protegido y trabajando dentro de los rangos de la legalidad. Al pignorante para que no sea presa fácil e indefensa de quienes, aprovechando sus necesidades crediticias, lo explotan a más no poder, amasando así, grandes fortunas.
Sin duda los resultados de los foros de consulta arrojaron como consenso la opinión generalizada por parte de todos los presentes, en el sentido de que el surgimiento de la ley para la regulación de las casas de empeño es una necesidad imperiosa en el estado de Quintana Roo.
Desde luego que las reflexiones, ponencias y propuestas fueron muy precisas y directas, mencionarlas todas sería irrelevante, pues estoy seguro que todas serán contempladas dentro de la ley promovida por el diputado Gustavo García Bradley.
También fue tanta la información positiva vertida en los foros de consulta ciudadana, que por el momento es mejor no abordar temas que podrían despertar polémica, con la finalidad de no contaminar el ambiente, deteniéndonos en cuestiones particulares como fueron los señalamientos precisos y concisos que en su momento se hicieron los representantes de las casas de empeño y los usuarios de las mismas.
En términos generales, si los diputados se alimentan y nutren de los resultados que arrojaron los foros de consulta, podrán obtener los elementos necesarios y suficientes para agilizar la aprobación de la ley para la regulación de las casa de empeño, situación, que en este momento es muy saludable que así sea.
De ser así podríamos decir que muy pronto Quintana Roo se sumará a los otros estados de la república mexicana como son Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Tabasco y Sonora, que ya cuentan con ese tipo de ley e incluso nos estaríamos adelantando al esquema nacional donde muy pronto, con toda seguridad, esta ley vera la luz del día, ya que tanto en la cámara federal de diputados como de senadores, se encuentran ya las respectivas iniciativas para considerar a las casas de empeño como entidades financieras de asistencia social, auxiliares de crédito para las clases bajas, y ya no como empresas con actividades comerciales sobre las que no se pueden fijar topes máximos a las tasas de interés.
El interés generalizado de que esa nueva ley sea aprobada por los diputados de la XII Legislatura local, representa una coyuntura que debe ser aprovechada, ya que si la aprobación de la misma se pospusiese, para que sea aprobada hasta fin de año, en el siguiente periodo de sesiones del Congreso del Estado, esa situación ocasionaría que los dueños de las casas de empeño se vieran afectados, ya que cuando se apresten a tramitar sus licencias de funcionamiento en el próximo año, se encontrarán con el panorama nada halagador que les exigirá la nueva tramitologia que tendrían que cubrir para poder operar con normalidad el giro comercial al cual están dedicados.
Por lo que, como sería de esperarse recurrirán a la presión, el chantaje y la extorsión, a fin de pedir tregua y plazos que les permitan cumplir con la normatividad que la nueva figura jurídica les exigirá.
Desde luego que van a existir casas de empeño que no van a poder cumplir con los requisitos que el nuevo ordenamiento jurídico exigirá, porque su actividad (función) oscila más en el lucro, en la actividad desmesurada de la usura y en la compra de objetos robados. Esos que bien podríamos calificar como empresarios oportunistas, fueron exhibidos en los foros de consulta, por los dueños y representantes de las casas de empeño legalmente establecidas hasta el momento.
En Solidaridad el Sr. Alberto Millar López expuso que por culpa de vivales que lucran y roban a la gente, la buena labor que vienen realizando quienes si son honestos y realizan su actividad empresarial con espíritu de servicio social a la comunidad, se ven severamente afectados, porque los empresarios voraces generan un ambiente de duda e incertidumbre.
Pues bien amigos y amigas lectores, si todo sigue su curso normal, la ley para la regulación de las casas de empeño en Quintana Roo pronto será aprobada. Situación que permitirá mayor protección para quienes forman parte del padrón clientelar de esos giros comerciales.
Sin duda alguna esperemos que todo esto funcione, y que el espíritu creador y transformador de quienes creen que podemos fabricar hoy el mundo en el que viviremos mañana, se vea plasmado en una nueva realidad, que con toda certeza, todas aquellas personas que se verán beneficiadas, mucho se lo van a agradecer a los diputados que integran la XII Legislatura.
No hay que olvidar que en la vida todo cambia. Un ejemplo es la propuesta de una nueva ley, misma que hace 6 o 10 años no se hubiese justificado en lo más mínimo, ya que en Quintana Roo no existía una sola. Pero a la fecha contamos con mas de 287 casas de empeño, según los datos oficiales, sin contar desde luego a las casas que no están registradas lícitamente, y que con toda seguridad funcionan sin mayores complicaciones en la clandestinidad, amparadas por la corrupción, los favores y la impunidad.
Ojala y los diputados que integran la XII Legislatura del Estado no se sientan intimidados por el ataque del que ha sido objeto esta iniciativa de ley por parte de quienes tienen en su poder más de 50 casas de empeño, y dos medios de comunicación, a través de los cuales, con todo cinismo, se han atrevido a tergiversar todo lo relacionado con el resultado de los foros de consulta.
Por lo visto olvidan que, la actividad que realizan, es próspera gracias al mercado que ellos tienen cautivo, y que la anarquía a través de la cual realizan su actividad de lucro tarde o temprano será regulada en el estado, les guste y les parezca o no. Por lo pronto la carne ya esta en el asador. Veremos que es lo que se cuece de todo esto.
Chetumal Quintana Roo mayo de 2009

Desaparecer el IETU y la tenencia vehicular

Mayor apoyo para las Pymes

El diputado Gustavo García Bradley dice que es importante fomentar un desarrollo social y económico, y para ello se requiere apoyar a la sociedad, así como impulsar medidas que permitan el desarrollo de las actividades empresariales y profesionales generadoras de empleos.

José Ynés Peraza

El diputado Gustavo García Bradley se pronunció a favor de que la próxima legislatura federal elimine o disminuya la tasa impositiva del Impuesto Empresarial de Tasa Única, también conocido como el IETU. Así mismo que la tenencia vehicular también debe ser eliminada con la finalidad de apoyar la economía de los mexicanos.

Como es conocido, dice el legislador, el objetivo principal del IETU es gravar a las empresas, no obstante reclama, también se incluyen a las personas físicas con actividad profesional y quienes tributen bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes; los cuales deberán estimar paralelamente el IETU y el ISR y pagar el gravamen que resulte más alto.

García Bradley dice que especialistas económicos expresan que las grandes empresas que hoy pagan impuestos no tendrán problemas porque la tasa de su ISR estará por encima de la resultante del IETU, y al momento de acreditarla, este nuevo impuesto quedaría prácticamente sin efecto, no obstante no ocurre lo mismo con la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, quienes su margen de utilidad es mucho menor.

El IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, fue trazado en una realidad completamente diferente a la actual. García Bradley dice que hoy nos enfrentamos a los efectos devastadores de la crisis financiera que inició en el 2008, y asimismo a los efectos de una crisis de salud a raíz de la emergencia sanitaria por el virus de la Influenza A/H1N1.

Ante este panorama se debe impulsar al sector empresarial que constituye una fuente importante de trabajo, así como el efectuar las acciones necesarias a fin de preservar la capacidad generadora de empleos y fortalecer las fuentes de trabajo, que permitan la reactivación económica.

Dice que es importante fomentar un desarrollo social y económico, y para ello se requiere apoyar a la sociedad, así como impulsar medidas que permitan el desarrollo de las actividades empresariales y profesionales generadoras de empleos.

Dos iniciativas en favor de la comunidad
Dip. Gustavo García Bradley
Mayores penas para el abigeato y freno a la usura

José Ynés Peraza

Representantes de agrupaciones ganaderas de Quintana Roo pidieron a diputados del Congreso del Estado endurecer las penas en contra del abigeato para que los delincuentes paguen con cárcel hasta por 12 años, aunque se trate del robo de una sola cabeza de ganado.

Cabe señalar que el diputado priísta Gustavo García Bradley es quien encabeza la iniciativa en el Congreso local para tipificar como delito el abigeato en Quintana Roo.

De acuerdo con García Bradley – la iniciativa de decreto por el que se reforma el Capítulo III del Título Sexto “delitos contra el patrimonio” en sus artículos 148 y 149; se adicionan los artículos 148 BIS, 148 TER y 149 BIS, todos del Código Penal del Estado de Quintana Roo; y se reforma el articulo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo – busca reestructurar el tipo penal, aumentar las sanciones y tipificar como grave el abigeato en determinados casos.

Se propone aumentar la sanción privativa hasta los 12 años y que se considere como grave bajo las siguientes circunstancias: para el robo de ganado mayor a partir de 3 cabezas y para el robo de ganado menor a partir de 10 cabezas.
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En reunión de trabajo sostenida le miércoles 27 de mayo pasado con las comisiones unidas de Puntos Legislativos, Justicia y de Ecología y Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros de la XII Legislatura, con los líderes Ganaderos y el presidente municipal Andrés Ruiz Morcillo, se acordó elevar a delito grave el robo de ganado a fin de frenar el ilícito que mantiene asolados a los propietarios, que se quejaron de que su patrimonio se ve disminuido frecuentemente sin que alguna autoridad pueda intervenir de manera directa por las lagunas legales que existen en el Código Penal en la materia.

Los líderes de las distintas agrupaciones ganaderas que acudieron a la reunión con los legisladores consideraron que la ley no es justa, porque quienes roban una res fácilmente salen de la cárcel con el pago de una fianza y el ganadero no recupera su inversión porque una vez libre el delincuente huye sin reparar el daño causado.

Después de conocer la existencia de hasta cuatro iniciativas pendientes que proponen modificar el Código Penal del Estado de Quintana Roo para endurecer las penas en contra del delito de robo de ganado, los ganaderos presentaron una nueva propuesta en la que consideran necesario que la pena máxima se aplique cuando se cometa el robo aunque sea de tan sólo de una cabeza de ganado, ya sea ganado mayor o menor, como una forma de amedrentar a los abigeos y en su caso impedir que salgan en libertad.

En uso de la palabra, los ganaderos explicaron la forma en que operan los delincuentes que utilizan hasta vehículos pesados para trasladar el ganado sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan en su contra.

En otros casos, los abigeos entran al predio, matan una res y solamente se llevan una parte de ella, obligando a los ganaderos a realizar mayor esfuerzo para enterrar el ganado a fin de evitar que se convierta en foco de infección para las demás reses.

Además, los abigeos llegan al grado de amenazar a los ganaderos para que éstos no interpongan denuncia alguna en su contra, pues de lo contrario advierten que tan pronto salgan en libertad regresarán para atentar en contra de su familia o simplemente para abatir a tiros todas las reses, de forma tal que el ganadero quede en la ruina total.

Por su parte los legisladores consideraron necesario analizar más afondo las iniciativas que existen en discusión para hacerlas más acorde con las necesidades jurídicas que requiere la actividad ganadera en el Estado de Quintana Roo, pero garantizaron que las penas en contra de los abigeos serán en definitiva mucho más severas.

La usura

En su compromiso con la sociedad quintanarroense, a parte de las modificaciones a las leyes para tipificar como delito grave el abigeato, García Bradley también ha presentado ante el pleno del Congreso una iniciativa para regular la actividad de las casas de empeño.

Con fecha 19 de Mayo el diputado Gustavo García Bradley presentó la Iniciativa de Decreto por el que se Reforma el Artículo 157 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

El propósito de la Iniciativa busca reestructurar el delito de usura, a fin de tipificarlo objetivamente, aumentar las penas, el margen de la multa y establecer que ha de entender el juzgador como usura, para una comprobación eficaz del tipo penal.

Nueva Ley de Desarrollo Pecuario dará sustentabilidad a la ganadería en Q. Roo
Dip. Gustavo García Bradley

Por José Ynés Peraza Azueta

Chetumal, Q. Roo.- Con el objetivo primordial de fijar las bases para la conservación, mejoramiento, organización, comercialización, protección, fomento, desarrollo, sanidad y aprovechamiento racional de los recursos pecuarios existentes en nuestra entidad y luego de 32 años de operatividad de la Ley Vigente, a finales del pasado mes de junio se presentó ante el Pleno de la XII Legislatura la iniciativa de nueva Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Quintana Roo propuesta por el Diputado local Gustavo García Bradley, quien de esta manera viene efectuando una destacada labor en la actual Legislatura.
Esta iniciativa se turnó para su estudio, análisis y posterior dictamen a las Comisiones de Puntos Legislativos, y Ecología y de Asuntos Agropecuarios y Pesqueros, quienes de manera conjunta analizaran la iniciativa presentada en la materia para emitir el dictamen correspondiente, con la finalidad de abrogar a la prácticamente obsoleta Ley de Fomento Ganadero del Estado de Quintana Roo, vigente desde el 2 de enero de 1977 y que desde su expedición no ha sido reformada.
“Se trata de de una nueva Ley que dota al estado de un marco jurídico moderno, acorde a las necesidades actuales de Quintana Roo respecto de sus recursos pecuarios, que está conformada por 251 artículos ordinarios, distribuidos en 10 Títulos y 3 artículos transitorios, mediante los que se establece de manera clara la competencia y las bases generales para un mejor entendimiento y de fácil aplicación”, abundó el Diputado.
Un aspecto importante de la actividad es lo relativo a la propiedad, por lo que se establecen los medios para su acreditación, lo relativo a los registros, fierros y marcas y animales mostrencos, adecuándose a las disposiciones de la legislación civil, que establece la regulación de este tipo de bienes.
Para el fomento y mejoramiento de la actividad pecuaria, se establecen disposiciones para el fomento ganadero, la industria cárnica, la producción lechera, la porcicultura y las industrias porcícola, avícola y apícola, además del mejoramiento pecuario y de los agostaderos.
Para las exposiciones ganaderas, se establece el fomento para la realización de concursos, tianguis y exposiciones pecuarias regionales y estatales, así como los lineamientos a seguir para la celebración de los mismos, a efecto de contar con las medidas mínimas de sanidad en los eventos.
García Bradley señaló en relación a los créditos ganaderos que “se establecen preceptos orientados al apoyo de los productores pecuarios a fin de gestionar créditos ante las instituciones correspondientes. Se destaca que los créditos se destinarán, entre otros fines, al mejoramiento del inventario pecuario y al fortalecimiento de la infraestructura y alimentación, así como para el fomento a la industrialización y comercialización de los productos y subproductos pecuarios”.
Acotó que para la comercialización, se regula la movilización del ganado y sus productos, así como lo relativo a los Centros de Sacrificio, para los que se establecen las disposiciones a seguir por los usuarios en el uso de los Centros y de los corrales.
El artículo 155 señala que los tablajeros, expendedores y comerciantes de productos y subproductos pecuarios, deberán demostrar ante las autoridades competentes y auxiliares que los productos o subproductos que expendan, procedan de animales sacrificados en lugares autorizados y que se cumplió con los requisitos de higiene establecidos por la ley, además de la legítima propiedad de los productos o subproductos que expenden y de que se cubrieron los impuestos correspondientes, aspectos que representan también la protección de tan importante actividad económica.
De igual manera se establecen las reglas para el funcionamiento de los Centros de Sacrificio y la verificación sanitaria de los mismos, estableciéndose incluso los requerimientos mínimos que deberán tener dichas instalaciones, así como las medidas de operación que adoptará el personal de este tipo de instalaciones.
En materia de Sanidad y Prevención, se regula la sanidad, inspección y vigilancia, a efecto de prevenir, controlar y evitar la propagación de enfermedades y plagas que afecten a las especies pecuarias; llevar un control de la movilización pecuaria; y vigilar se cumpla lo respecto de los derechos.
“Se adiciona la denuncia popular, para establecer que toda persona podrá hacer del conocimiento de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del Estado y del Ministerio Público la existencia de hechos, actos u omisiones que puedan constituir infracciones o delitos, lo cual dará certidumbre a los ganaderos, con lo cual también se protegerá la actividad que les da sustento”, enfatizó el Diputado local.
De gran importancia es que se regula lo relativo a las infracciones, sanciones y recursos, al igual que al procedimiento administrativo sancionador y al recurso de reconsideración. La gama de sanciones se amplia y de igual manera los rangos para la multa se aumentan, en función del tipo de infracción.
“Con esta nueva Ley, se le permitirá al sector pecuario, contar con los mecanismos y la normatividad que impulsará y fortalecerá integralmente la actividad. La adecuación de nuestras Leyes es fundamental, y más aun cuando se trata de un tema tan importante como es la actividad ganadera de nuestra entidad. Como Legislador y ciudadano quintanarroense, estoy comprometido con el bienestar y desarrollo social de nuestro Estado, por ello trabajo constantemente en acciones en beneficio de la comunidad”, remarcó García Bradley.
Para el diputado Gustavo García Bradley la actividad pecuaria de nuestro estado se encuentra en proceso de desarrollo, por lo que es vital la modernización del marco jurídico que la regula para que garantice un adecuado progreso de la misma. No omitió manifestar que este sector es una importante fuente de empleo y el invertir en el mismo generará una amplia gama laboral que beneficiará a los quintanarroenses.
“Debemos darle al sector pecuario los mecanismos que permitan el impulso y fortalecimiento integral de esta actividad. Por ello, es que me permití presentar esta iniciativa de Ley, que tiene por finalidad dotar a nuestro Estado de un marco jurídico actual y moderno en la materia”, insistió.


Reformas al delito de Abigeato, para la protección del patrimonio familiar.

De igual manera, en este periodo ordinario de sesiones, la XII Legislatura aprobó reformas trascendentales al Código Penal y de Procedimientos Penales ambos del Estado, en materia del delito de abigeato.
En entrevista García Bradley comentó “Aunque no formé parte de las Comisiones que se encargaron de dictaminar estas reformas, siempre estuve pendiente de las reuniones y actividades encaminadas a lograr un dictamen favorecedor, y siempre estuve gestionando para que se pudiera dictaminar durante este Periodo Ordinario de Sesiones”.
Añadió que se tomaron en cuenta las propuestas hechas en diversas reuniones tanto por el PRI como por el PVEM, pero sobre todo por los ganaderos, “para que la voz de la comunidad ganadera no fuera minimizada al momento de dictaminar”.
De manera, las reformas establecen lo que se entiende como abigeato, un mal que durante muchos años ha causado serios perjuicios y daños a quienes de manera continua y perseverante se dedican a la ganadería, además de que se hace una clasificación clara de las especies, quedando debidamente establecido que se entiende por ganado mayor al vacuno, equino, mular y asnal, mientras que el ganado menor es el ovino, caprino, porcino, ciervo rojo e incluso el avestruz.
“Para garantizar a los ganaderos que sus inversiones y su labor en este importante segmento de la economía se contemplan sanciones que oscilan entre los dos y los 12 años de prisión y multas de entre 30 y 400 salarios mínimos diarios, para quienes hurten piezas de ganado mayor”, explicó enfático el legislador.
Así mismo se señala que por el robo de ganado menor las sanciones oscilan entre los seis meses y los 8 años de prisión y multas que van de los 20 a los 200 salarios mínimos diarios.
En esta reglamentación también se adicionó un artículo en el que se señala que por el abigeato de ganado como los sementales o de pedigreé, la sanción se aumentará hasta en una mitad más.
“Otro artículo adicional contempla sanciones para el servidor público que incurra en abigeato, para lo cual se le destituirá e inhabilitará del cargo, además de que la pena prevista se podrá aumentar en una mitad más; mientras que otro articulo se refiere a la reincidencia en el delito, que será motivo para aumentar la pena hasta en una mitad más”, detalló García Bradley.
La gravedad del delito se tipifica en la nueva Ley cuando sea en ganado mayor a partir de 3 cabezas de ganado mayor, de 7 en ganado menor, y cuando se trate de sementales y de pedigreé o de aquellos que su valor exceda los 400 salarios mínimos.

“Julio 2009